El anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de que todos los migrantes venezolanos en Colombia recibirán un estatus de protección temporal migratoria por un periodo de diez años, representa un hecho valiente y sin precedentes en América Latina. Además, simboliza “el gesto humanitario más importante para la región en décadas”, como bien lo señaló un funcionario de Naciones Unidas. El nuevo Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos (EPTV), reemplazará al actual Permiso Especial de Permanencia (PEP), cuya duración era de dos años, y beneficiará a aproximadamente 1.7 millones de migrantes venezolanos dentro de los cuales se incluye a casi 1 millón de migrantes en situación irregular, toda vez que puedan demostrar que su ingreso al país fue antes del 31 de enero.
Colombia es el país que ha recibido a la mayor población de migrantes venezolanos, situación que lo ha hecho merecedor de un amplio reconocimiento a nivel internacional por su creatividad y generosidad al haber acogido a más de la tercera parte de los 4.6 millones de venezolanos desplazados en la región y en tan corto tiempo. Sin embargo, tanto las rondas que se abrieron del PEP, como sus sucesivos procesos de renovación, representaban una barrera práctica para los migrantes regulares, ya que a éstos no se les permitía un camino hacia la residencia permanente. Así mismo, la población venezolana es cada vez más manifiesta de su intención de permanencia en Colombia, por lo que las rondas discontinuas y esporádicas del PEP dejaron a cientos de miles de migrantes venezolanos en situación de irregularidad y con limitadas fuentes de acceso a servicios básicos o empleo formal, hecho que se manifestó en un sentido amplio de frustración, malestar y descontento tanto dentro de la población migrante, como de las mismas comunidades de acogida.
Al igual que en Colombia, otros países de la región que albergan un gran número de migrantes venezolanos se han enfrentado a la paradoja de hasta dónde deben los gobiernos permitir el ingreso de migrantes—aceptando que su intención de permanencia es de largo plazo—y hasta donde deben imponerse nuevas restricciones para su ingreso. Restricciones que, además, se estimulan no solo por los aumentos masivos de los flujos migratorios sino por un descontento manifiesto por parte de algunos sectores tanto de la opinión pública, como de la sociedad civil. Con el anuncio, Colombia buscará romper con este ciclo paradójico, dando un paso importante al reconocer que si a los cada dos años se continuaba dejando en un limbo la permanencia regular de miles de migrantes venezolanos, su proceso de integración en la sociedad colombiana se aplazaría cada vez más. En otras palabras, el gobierno entendió que no se puede alcanzar un proceso de cohesión social si millones de sus residentes se encuentran en un estado perpetuo de temporalidad y precariedad.
Sin embargo, invertir en los migrantes recién llegados puede resultar en un arma de doble filo. Por un lado, implementar una medida pragmática para que millones de venezolanos puedan asistir a la escuela y trabajar, resulta vital tanto para su prosperidad como la del país. Por otro lado, esta inversión puede tener un costo muy alto para la sociedad, si los colombianos no están del todo convencidos del valor que trae un proceso de integración y si, al contrario, ven en dicho gesto, un gasto innecesario del gobierno que pone a la población local a competir por recursos que de por sí, ya se encuentran escasos. Es este sentido, mientras que Colombia se prepara para implementar este ambicioso proyecto de regularización, el verdadero reto que se viene será el de poder materializar este esfuerzo en una política pública de Estado que abogue por un proceso de cohesión social en el país.
Mantener las puertas abiertas: un experimento pragmático
Tras cinco años de esta crisis de desplazamiento que, además, se ha visto afectada por una pandemia, muchos analistas señalaron que la generosidad que ha caracterizado a Colombia podría verse afectada. Otros países receptores de la migración venezolana en América Latina han fluctuado entre políticas que ofrecen esquemas de regularización -igualmente ingeniosos y temporales- y políticas que imponen restricciones cuando los flujos aumentan de manera significativa. Sin embargo, Colombia también enfrenta un desafío geoestratégico: el gobierno es consciente de que imponer restricciones a la movilidad, a lo largo de una frontera larga y porosa, es sinónimo de desviar los flujos hacia puntos de cruce informales.
Por lo tanto, el nuevo anuncio de Colombia es generoso, al tiempo que lo es pragmático: es el primero en reconocer que los venezolanos llegaron al país para quedarse y que, por lo mismo, el país obtendrá mejores beneficios si acepta esta realidad y se prepara para un proceso de integración en el largo plazo. El EPTV permite el acceso a servicios y empleo y crea una vía para que los beneficiarios hagan la transición hacia la residencia permanente (donde, además, el tiempo que ya pasaron en el país se tomaría en cuenta para el requisito de residencia de cinco años). Supera, así, la principal barrera del PEP, que solo otorgaba un estatus de dos años sin posibilidad de transición a una visa permanente, lo que resultó en que muchas personas cayeran nuevamente en la irregularidad. A fines de 2020, el 56 por ciento de los venezolanos recién llegados se encontraban en situación irregular, lo que limitaba su acceso a servicios como educación, atención médica y servicios financieros y lo que es más importante, los mantenía fuera del mercado laboral formal.
CUADRO 1. Tipos de estatus legal
Antes de febrero de 2021, Colombia ofrecía tres tipos de permisos de residencia temporal para venezolanos:
Permiso Especial de Permanencia (PEP), que tiene una validez de hasta dos años y es renovable. El gobierno ya había renovado dos veces estos permisos, incluido el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), con 693,694 PEP emitidos hasta octubre de 2020.
Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que permite que migrantes circulares permanezcan en el país hasta por siete días. En marzo de 2020, fecha en que la tarjeta dejó de usarse, se habían emitido 5.2 millones de unidades.
Permisos de Ingreso y Permanencia (PIP), para migrantes en tránsito. Válido por 90 días y con posibilidad de renovarse.
Fuente: Migración Colombia, Boletín Informativo de Migración Colombia 198, febrero de 2021.
Del papel a la práctica
La emisión del EPTV requerirá un esfuerzo logístico enorme. En una primera fase, que comenzaría en abril, los migrantes deberán mostrar documentos para comprobar su elegibilidad. Teóricamente, alrededor de la mitad de ellos y quienes hoy están en condición regular, podrán hacerlo, incluidos los migrantes que ingresaron a Colombia con pasaporte, los que ya tienen un PEP, los solicitantes de asilo y quienes estén tramitando o tengan una visa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, existe la posibilidad de que no estén al tanto de los pasos que deben seguir o de los plazos (por ejemplo, quienes no cuentan con acceso fácil a telefonía celular o Internet).
Los migrantes en situación irregular tendrán un camino más difícil. Tendrán que demostrar que estuvieron en Colombia antes del 31 de enero, y no queda claro, qué tipo de documentos podrán usar o cuáles son los mecanismos y dispositivos de verificación que utilizará el gobierno al momento del proceso de preregistro que se realizará en línea. Se necesitará una estrategia masiva y personalizada de comunicación y divulgación para garantizar que los migrantes conozcan los requisitos y tengan los conocimientos técnicos y prácticos para poder aplicar. Los funcionarios del gobierno también deberán evitar el fraude inevitable de "intermediarios" que cobran para entregar permisos. Todo esto deberá además hacerse siguiendo los protocolos para evitar el contagio del COVID-19.
Por último, también será necesario un acercamiento dentro del gobierno (especialmente a nivel local) para que los funcionarios comprendan cuáles son los derechos que cobijan a los beneficiarios de esta medida y garantizar que las reglas se apliquen consistentemente. Las lecciones del PEP muestran que esta no será una tarea fácil. Aunque el gobierno declaró que los migrantes con PEP podían, por ejemplo, acceder a productos y servicios financieros, los bancos continuaron exigiendo tarjetas de ciudadanía o pasaportes y prueba de un historial crediticio para abrir una cuenta bancaria.
La siguiente fase, que se implementará durante los próximos dos años, requerirá de la construcción de un registro universal de migrantes, lo que también puede crear obstáculos para los migrantes. Para acceder a la medida, los migrantes deberán presentar un documento de identidad vigente o vencido, un acta de nacimiento (para aquellos menores de edad), firmar una declaración que indique su intención de permanecer en Colombia y proporcionar datos biométricos. Sin embargo, obtener un pasaporte venezolano o un documento de identidad, es por hoy uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los migrantes que llegan al país.
Asimismo, dentro del anuncio de regularizar a aquellas personas que se encuentren en el territorio colombiano, el gobierno también señaló que, en un intento por desincentivar la migración irregular en el país, y durante los próximos dos años, aquellos venezolanos que decidan migrar a Colombia de manera regular podrán ser beneficiarios del EPTV. Con ello, el gobierno reconoce que la crisis venezolana continúa y que, con ella, se desencadenarán nuevas oleadas migratorias durante los próximos años. Este paso fundamental debe además acompañarse de nuevos alcances y nuevas formas de interpretar lo que el gobierno entenderá por migración regular en el país. Es decir, si en un intento por incentivar la regularización, los requisitos exigidos a los venezolanos para su entrada regular en el país no son lo suficientemente fáciles de cumplir (como en efecto sucede en la actualidad), podría resultar en un efecto contrario en donde muchos migrantes entrarían y quedarían en la sombra de la irregularidad.
Creación de condiciones para un proceso de cohesión social a largo plazo
Distintas investigaciones han demostrado durante mucho tiempo que el mecanismo más propicio para la inclusión es lograr que los migrantes y refugiados vayan a la escuela y trabajen lo antes posible. De igual manera, también ha quedado demostrada la importancia de evitar que se conformen sistemas paralelos para brindar servicios a migrantes y refugiados, pues estos resultan en un mecanismo de exclusión que solo deben utilizarse como último recurso. Sin embargo, establecer el derecho de los migrantes a acceder a los servicios es tan solo el primer paso.
Las experiencias que se permiten observar en otras regiones receptoras de migrantes y refugiados muestran que para que las personas en condición de movilidad humana logren conseguir un empleo formal, se necesita ir más allá de crear un mecanismo de aprobación de permisos. Cuando Turquía comenzó a emitir permisos de trabajo para la población siria, tan solo 25,000 de los 2.5 millones de sirios que se encontraban en el país lograron obtener trabajos formales. La principal razón era que el sistema resultaba altamente costoso tanto para trabajadores como para sus empleadores. En este sentido, los requisitos deben ser acompañados de una serie de incentivos para que los empleadores dispongan de la mano de obra de los migrantes bajo los sistemas formales.
Otro ingrediente importante es la aceptación por parte de las comunidades de acogida. Los gobiernos deben atraer a las comunidades justificando el valor detrás de estos esfuerzos, o de lo contrario, se corre el riesgo de tener sociedades divididas y altamente polarizadas. En Colombia, predomina una narrativa positiva por parte del gobierno nacional en torno a la recepción de los migrantes venezolanos. Sin embargo, esta narrativa oculta algunas señales de tensión que se ven en algunos momentos y en algunas partes del país. Si bien las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos están de acuerdo con que los migrantes accedan a servicios esenciales como salud y educación, la situación se complejiza cuando se les pregunta si están de acuerdo con que tengan acceso a un empleo. Las encuestas de opinión pública realizadas en septiembre de 2020 revelaron que más de la mitad de los colombianos creen que los venezolanos reducirán las oportunidades laborales para la población local y afectarán la economía. En este entorno, anunciar nuevas inversiones para los recién llegados en un momento de precariedad económica, sin articular el beneficio a largo plazo para la sociedad, podría agravar los problemas existentes.
Si bien no existe una "receta" única para lograr un proceso de cohesión social, hay ciertos ingredientes que pueden aumentar la probabilidad de éxito:
Reconocer los miedos de la gente. Muchos colombianos se solidarizan con los venezolanos, pero tienen miedo a que aumenten las tasas de desempleo, los índices de delincuencia y la sobresaturación de los servicios públicos. En efecto, ya circula información imprecisa de que los venezolanos recién regularizados podrán votar en las elecciones de 2022. Contrariamente a la intuición, la mejor manera de disipar estos temores es reconocer su existencia. En otras palabras, en lugar de tratar de explicarle a las personas punto por punto por qué están equivocados, los hacedores de política pública deberían escuchar la esencia de lo que hay detrás de estas preocupaciones y estar abiertos a discutir los costos de la migración, así como sus beneficios.
Tomar en cuenta el simbolismo de cómo se asignan los recursos. Puede que en la sociedad haya una fuerte resistencia a la asignación de recursos específicos para los venezolanos. En un momento en que toda la sociedad está sintiendo los efectos de la pandemia y en donde la mayoría se siente en una relativa inseguridad, el público querrá ver inversiones que favorezcan a sociedad en su junto con iniciativas dirigidas tanto a los migrantes como a las comunidades de acogida.
Aprovechar el pragmatismo innato de las personas. La integración tiene más éxito si no se enmarca como algo que hacemos “por ellos”, sino en algo que resulta beneficioso para toda la sociedad. Los líderes deben aprovechar los sentimientos de solidaridad, dándole a las personas un espacio para actuar bajo su propio interés, haciendo que también sirva a los intereses de la comunidad.
Encuestas recientes muestran que tan solo el 43 por ciento de los colombianos cree que facilitar la integración de los migrantes beneficia a Colombia de manera amplia. Cambiar esta percepción será un factor determinante para lograr la aceptación necesaria para implementar la regularización. Implementar esta medida será aún más difícil en el contexto de la pandemia, donde las personas pueden estar compitiendo por recursos y trabajos escasos y en donde existen menores oportunidades para realizar conexiones sociales. Sin embargo, para lograr una reforma política ambiciosa, las personas deben creer que dichas medidas están sirviéndoles a sus mejores intereses.
¿Qué sigue ahora luego de que Colombia haya dado un paso histórico en materia de migración?
El anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de que todos los migrantes venezolanos en Colombia recibirán un estatus de protección temporal migratoria por un periodo de diez años, representa un hecho valiente y sin precedentes en América Latina. Además, simboliza “el gesto humanitario más importante para la región en décadas”, como bien lo señaló un funcionario de Naciones Unidas. El nuevo Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos (EPTV), reemplazará al actual Permiso Especial de Permanencia (PEP), cuya duración era de dos años, y beneficiará a aproximadamente 1.7 millones de migrantes venezolanos dentro de los cuales se incluye a casi 1 millón de migrantes en situación irregular, toda vez que puedan demostrar que su ingreso al país fue antes del 31 de enero.
Colombia es el país que ha recibido a la mayor población de migrantes venezolanos, situación que lo ha hecho merecedor de un amplio reconocimiento a nivel internacional por su creatividad y generosidad al haber acogido a más de la tercera parte de los 4.6 millones de venezolanos desplazados en la región y en tan corto tiempo. Sin embargo, tanto las rondas que se abrieron del PEP, como sus sucesivos procesos de renovación, representaban una barrera práctica para los migrantes regulares, ya que a éstos no se les permitía un camino hacia la residencia permanente. Así mismo, la población venezolana es cada vez más manifiesta de su intención de permanencia en Colombia, por lo que las rondas discontinuas y esporádicas del PEP dejaron a cientos de miles de migrantes venezolanos en situación de irregularidad y con limitadas fuentes de acceso a servicios básicos o empleo formal, hecho que se manifestó en un sentido amplio de frustración, malestar y descontento tanto dentro de la población migrante, como de las mismas comunidades de acogida.
Al igual que en Colombia, otros países de la región que albergan un gran número de migrantes venezolanos se han enfrentado a la paradoja de hasta dónde deben los gobiernos permitir el ingreso de migrantes—aceptando que su intención de permanencia es de largo plazo—y hasta donde deben imponerse nuevas restricciones para su ingreso. Restricciones que, además, se estimulan no solo por los aumentos masivos de los flujos migratorios sino por un descontento manifiesto por parte de algunos sectores tanto de la opinión pública, como de la sociedad civil. Con el anuncio, Colombia buscará romper con este ciclo paradójico, dando un paso importante al reconocer que si a los cada dos años se continuaba dejando en un limbo la permanencia regular de miles de migrantes venezolanos, su proceso de integración en la sociedad colombiana se aplazaría cada vez más. En otras palabras, el gobierno entendió que no se puede alcanzar un proceso de cohesión social si millones de sus residentes se encuentran en un estado perpetuo de temporalidad y precariedad.
Sin embargo, invertir en los migrantes recién llegados puede resultar en un arma de doble filo. Por un lado, implementar una medida pragmática para que millones de venezolanos puedan asistir a la escuela y trabajar, resulta vital tanto para su prosperidad como la del país. Por otro lado, esta inversión puede tener un costo muy alto para la sociedad, si los colombianos no están del todo convencidos del valor que trae un proceso de integración y si, al contrario, ven en dicho gesto, un gasto innecesario del gobierno que pone a la población local a competir por recursos que de por sí, ya se encuentran escasos. Es este sentido, mientras que Colombia se prepara para implementar este ambicioso proyecto de regularización, el verdadero reto que se viene será el de poder materializar este esfuerzo en una política pública de Estado que abogue por un proceso de cohesión social en el país.
Mantener las puertas abiertas: un experimento pragmático
Tras cinco años de esta crisis de desplazamiento que, además, se ha visto afectada por una pandemia, muchos analistas señalaron que la generosidad que ha caracterizado a Colombia podría verse afectada. Otros países receptores de la migración venezolana en América Latina han fluctuado entre políticas que ofrecen esquemas de regularización -igualmente ingeniosos y temporales- y políticas que imponen restricciones cuando los flujos aumentan de manera significativa. Sin embargo, Colombia también enfrenta un desafío geoestratégico: el gobierno es consciente de que imponer restricciones a la movilidad, a lo largo de una frontera larga y porosa, es sinónimo de desviar los flujos hacia puntos de cruce informales.
Por lo tanto, el nuevo anuncio de Colombia es generoso, al tiempo que lo es pragmático: es el primero en reconocer que los venezolanos llegaron al país para quedarse y que, por lo mismo, el país obtendrá mejores beneficios si acepta esta realidad y se prepara para un proceso de integración en el largo plazo. El EPTV permite el acceso a servicios y empleo y crea una vía para que los beneficiarios hagan la transición hacia la residencia permanente (donde, además, el tiempo que ya pasaron en el país se tomaría en cuenta para el requisito de residencia de cinco años). Supera, así, la principal barrera del PEP, que solo otorgaba un estatus de dos años sin posibilidad de transición a una visa permanente, lo que resultó en que muchas personas cayeran nuevamente en la irregularidad. A fines de 2020, el 56 por ciento de los venezolanos recién llegados se encontraban en situación irregular, lo que limitaba su acceso a servicios como educación, atención médica y servicios financieros y lo que es más importante, los mantenía fuera del mercado laboral formal.
CUADRO 1. Tipos de estatus legal
Antes de febrero de 2021, Colombia ofrecía tres tipos de permisos de residencia temporal para venezolanos:
Fuente: Migración Colombia, Boletín Informativo de Migración Colombia 198, febrero de 2021.
Del papel a la práctica
La emisión del EPTV requerirá un esfuerzo logístico enorme. En una primera fase, que comenzaría en abril, los migrantes deberán mostrar documentos para comprobar su elegibilidad. Teóricamente, alrededor de la mitad de ellos y quienes hoy están en condición regular, podrán hacerlo, incluidos los migrantes que ingresaron a Colombia con pasaporte, los que ya tienen un PEP, los solicitantes de asilo y quienes estén tramitando o tengan una visa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, existe la posibilidad de que no estén al tanto de los pasos que deben seguir o de los plazos (por ejemplo, quienes no cuentan con acceso fácil a telefonía celular o Internet).
Los migrantes en situación irregular tendrán un camino más difícil. Tendrán que demostrar que estuvieron en Colombia antes del 31 de enero, y no queda claro, qué tipo de documentos podrán usar o cuáles son los mecanismos y dispositivos de verificación que utilizará el gobierno al momento del proceso de preregistro que se realizará en línea. Se necesitará una estrategia masiva y personalizada de comunicación y divulgación para garantizar que los migrantes conozcan los requisitos y tengan los conocimientos técnicos y prácticos para poder aplicar. Los funcionarios del gobierno también deberán evitar el fraude inevitable de "intermediarios" que cobran para entregar permisos. Todo esto deberá además hacerse siguiendo los protocolos para evitar el contagio del COVID-19.
Por último, también será necesario un acercamiento dentro del gobierno (especialmente a nivel local) para que los funcionarios comprendan cuáles son los derechos que cobijan a los beneficiarios de esta medida y garantizar que las reglas se apliquen consistentemente. Las lecciones del PEP muestran que esta no será una tarea fácil. Aunque el gobierno declaró que los migrantes con PEP podían, por ejemplo, acceder a productos y servicios financieros, los bancos continuaron exigiendo tarjetas de ciudadanía o pasaportes y prueba de un historial crediticio para abrir una cuenta bancaria.
La siguiente fase, que se implementará durante los próximos dos años, requerirá de la construcción de un registro universal de migrantes, lo que también puede crear obstáculos para los migrantes. Para acceder a la medida, los migrantes deberán presentar un documento de identidad vigente o vencido, un acta de nacimiento (para aquellos menores de edad), firmar una declaración que indique su intención de permanecer en Colombia y proporcionar datos biométricos. Sin embargo, obtener un pasaporte venezolano o un documento de identidad, es por hoy uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los migrantes que llegan al país.
Asimismo, dentro del anuncio de regularizar a aquellas personas que se encuentren en el territorio colombiano, el gobierno también señaló que, en un intento por desincentivar la migración irregular en el país, y durante los próximos dos años, aquellos venezolanos que decidan migrar a Colombia de manera regular podrán ser beneficiarios del EPTV. Con ello, el gobierno reconoce que la crisis venezolana continúa y que, con ella, se desencadenarán nuevas oleadas migratorias durante los próximos años. Este paso fundamental debe además acompañarse de nuevos alcances y nuevas formas de interpretar lo que el gobierno entenderá por migración regular en el país. Es decir, si en un intento por incentivar la regularización, los requisitos exigidos a los venezolanos para su entrada regular en el país no son lo suficientemente fáciles de cumplir (como en efecto sucede en la actualidad), podría resultar en un efecto contrario en donde muchos migrantes entrarían y quedarían en la sombra de la irregularidad.
Creación de condiciones para un proceso de cohesión social a largo plazo
Distintas investigaciones han demostrado durante mucho tiempo que el mecanismo más propicio para la inclusión es lograr que los migrantes y refugiados vayan a la escuela y trabajen lo antes posible. De igual manera, también ha quedado demostrada la importancia de evitar que se conformen sistemas paralelos para brindar servicios a migrantes y refugiados, pues estos resultan en un mecanismo de exclusión que solo deben utilizarse como último recurso. Sin embargo, establecer el derecho de los migrantes a acceder a los servicios es tan solo el primer paso.
Las experiencias que se permiten observar en otras regiones receptoras de migrantes y refugiados muestran que para que las personas en condición de movilidad humana logren conseguir un empleo formal, se necesita ir más allá de crear un mecanismo de aprobación de permisos. Cuando Turquía comenzó a emitir permisos de trabajo para la población siria, tan solo 25,000 de los 2.5 millones de sirios que se encontraban en el país lograron obtener trabajos formales. La principal razón era que el sistema resultaba altamente costoso tanto para trabajadores como para sus empleadores. En este sentido, los requisitos deben ser acompañados de una serie de incentivos para que los empleadores dispongan de la mano de obra de los migrantes bajo los sistemas formales.
Otro ingrediente importante es la aceptación por parte de las comunidades de acogida. Los gobiernos deben atraer a las comunidades justificando el valor detrás de estos esfuerzos, o de lo contrario, se corre el riesgo de tener sociedades divididas y altamente polarizadas. En Colombia, predomina una narrativa positiva por parte del gobierno nacional en torno a la recepción de los migrantes venezolanos. Sin embargo, esta narrativa oculta algunas señales de tensión que se ven en algunos momentos y en algunas partes del país. Si bien las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos están de acuerdo con que los migrantes accedan a servicios esenciales como salud y educación, la situación se complejiza cuando se les pregunta si están de acuerdo con que tengan acceso a un empleo. Las encuestas de opinión pública realizadas en septiembre de 2020 revelaron que más de la mitad de los colombianos creen que los venezolanos reducirán las oportunidades laborales para la población local y afectarán la economía. En este entorno, anunciar nuevas inversiones para los recién llegados en un momento de precariedad económica, sin articular el beneficio a largo plazo para la sociedad, podría agravar los problemas existentes.
Si bien no existe una "receta" única para lograr un proceso de cohesión social, hay ciertos ingredientes que pueden aumentar la probabilidad de éxito:
Encuestas recientes muestran que tan solo el 43 por ciento de los colombianos cree que facilitar la integración de los migrantes beneficia a Colombia de manera amplia. Cambiar esta percepción será un factor determinante para lograr la aceptación necesaria para implementar la regularización. Implementar esta medida será aún más difícil en el contexto de la pandemia, donde las personas pueden estar compitiendo por recursos y trabajos escasos y en donde existen menores oportunidades para realizar conexiones sociales. Sin embargo, para lograr una reforma política ambiciosa, las personas deben creer que dichas medidas están sirviéndoles a sus mejores intereses.