Sentando las bases para una cooperación regional: Política migratoria y capacidad institucional en México y Centroamérica

Los países de la región que se extiende desde Panamá hasta Estados Unidos forman parte de un importante corredor para la migración irregular. Hoy en día, la mayor parte de esta migración irregular proviene de Guatemala, Honduras y, en menor medida, El Salvador. Sin embargo, existe un número importante de personas que provienen de fuera de la región inmediata y transitan por Centroamérica en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México. En medio de estos patrones migratorios cambiantes, países en la región cuentan con una oportunidad sin precedentes para sentar las bases necesarias para construir un sistema migratorio regional que privilegie la migración segura, ordenada y legal.

El punto de partida para aprovechar esta oportunidad es comprender las capacidades institucionales, los marcos legales y las políticas de migración y asilo de estos países. Este informe hace un balance de estos elementos en los sistemas de gestión migratoria de México y Centroamérica, en parte basándose en las lecciones obtenidas tras entrevistar a más de 75 formuladores de políticas, líderes de la sociedad civil y otros actores de toda la región.

En los últimos años, según el análisis, México y Costa Rica han tomado medidas para aprovechar sus instituciones migratorias existentes para mejorar la capacidad operativa, aunque persisten desafíos considerables. Simultáneamente, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá se encuentran en etapas iniciales de este proceso. En toda la región, las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en el apoyo a estos esfuerzos, mientras que la sociedad civil es vital para ampliar el acceso de los migrantes a los mecanismos de protección y apoyo para la reintegración.

Entre las áreas principales que el informe identifica como importantes para el desarrollo de capacidades se encuentran: Crear una estructura mas clara para la formulación de políticas migratorias;  profesionalizar los esfuerzos de aplicación de las leyes fronterizas y de inmigración, con énfasis en la transparencia y la comprensión a las circunstancias de las familias, los niños y otros migrantes vulnerables; e invertir en sistemas de asilo, mecanismos de protección para las personas desplazadas dentro de los países y programas de reintegración para los migrantes que regresan. Dichos esfuerzos, señalan los autores, no solo ayudarían a los gobiernos de la región a abordar de manera más eficaz los problemas migratorios actuales, sino que también prometen equiparlos mejor para responder de manera proactiva a los desafíos futuros.

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