WASHINGTON, DC — Los gobiernos de América Latina y el Caribe han tomado la decisión de regularizar a una parte considerable de los aproximadamente 6,5 millones de venezolanos que residen en sus respectivos territorios, motivados por diversas razones de índole económica, social y de seguridad. Estos programas de registro y regularización han posibilitado que los migrantes y refugiados venezolanos tengan acceso a servicios básicos y oportunidades en el mercado laboral formal, así como han contribuido a impulsar su integración a largo plazo y su inclusión socioeconómica. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, todavía existen numerosos venezolanos que carecen de un estatus regular, lo que los expone a menudo a condiciones de vida precarias y los excluye de los servicios y el mercado laboral formal.
Dado que muchos venezolanos han expresado su deseo de establecerse permanentemente en sus nuevos lugares de residencia, se hace cada vez más evidente que los gobiernos deben realizar una evaluación crítica de sus instituciones y políticas con el fin de fomentar una integración efectiva. Un primer paso crucial consiste en comprender cómo los mecanismos de registro y regularización han influido en la integración económica de los venezolanos hasta la fecha, lo cual representa un desafío considerable debido a la amplia gama de factores que inciden en la integración, así como a las disparidades en los datos dentro de la región.
Un nuevo estudio realizado por el Migration Policy Institute (MPI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) busca proporcionar una evaluación sobre los efectos de las políticas de regularización en los resultados de la integración laboral. Entre otros hallazgos, se concluye que los beneficios económicos asociados a la regularización suelen ser más significativos en los países receptores donde las políticas migratorias y laborales se aplican rigurosamente en la práctica. Asimismo, se señala que la naturaleza a corto plazo de muchos de estos mecanismos de regularización posiblemente ha limitado sus efectos en el mercado laboral, ya que tanto los empleadores como los migrantes carecen de incentivos para formalizar la relación laboral, dado que los migrantes pueden regresar rápidamente a un estatus migratorio irregular.
A través de entrevistas y grupos de discusión con expertos en políticas y asuntos regionales, migrantes, organizaciones enfocadas en la integración y actores del sector privado, este estudio explora los efectos de otorgar un estatus migratorio regular a corto plazo en comparación con uno a largo plazo. Se analizan variables como las tasas de informalidad en el mercado laboral y el cumplimiento de las leyes laborales, así como el valioso capital humano que los venezolanos han aportado a muchos países receptores.
El informe se divide en dos: por un lado analiza el caso de Colombia, que ha acogido la mayor cantidad de venezolanos desplazados y ha implementado el programa de regularización más extenso de la región. Colombia ha otorgado un estatus de 10 años a 2.4 millones de los 2.9 millones de venezolanos estimados en el país. Luego contrarresta, legitima o rechaza algunos de los hallazgos, por medio del análisis de una docena de los demás países que forman parte del Proceso de Quito, una iniciativa que prioriza la integración socioeconómica de los venezolanos. Los países del Proceso de Quito se encuentran reunidos en Santiago en un taller para discutir temas relacionados con la regularización e integración a largo plazo.
El análisis exhaustivo llevado a cabo por los investigadores sugiere que varios factores han sido determinantes en la configuración de las oportunidades laborales de los migrantes en el mercado laboral. En particular, el estudio busca ofrecer una evaluación preliminar de los efectos de las políticas de regularización en los resultados de la integración laboral. Entre sus conclusiones destacan que los beneficios económicos vinculados a la regularización tienden a ser más significativos en los países receptores donde las regulaciones migratorias y laborales se aplican efectivamente. Asimismo, se constata que la naturaleza a corto plazo de muchos mecanismos de regularización probablemente ha limitado su impacto en el mercado laboral, dado que tanto empleadores como migrantes carecen de incentivos para formalizar la relación laboral, ya que los migrantes pueden regresar rápidamente a un estatus migratorio irregular.
El mapeo comprensivo realizado por los analistas sugiere que varios factores han sido decisivos a la hora de determinar cómo los mecanismos de regularización están moldeando las oportunidades de los migrantes en el mercado laboral, entre ellos:
El informe ofrece recomendaciones que podrían ayudar a los gobiernos a seguir adelante con sus compromisos para maximizar las contribuciones económicas de la población venezolana y reducir su vulnerabilidad socioeconómica, entre ellas:
"A medida que los países de América Latina y el Caribe se distancien de las respuestas de emergencia a corto plazo y miren hacia la integración a largo plazo, existen oportunidades reales para vincular los mecanismos de regularización con los esfuerzos para satisfacer las demandas laborales", escriben los analistas Diego Chaves-González y Natalia Delgado. "Estas herramientas políticas pueden ayudar a los países a diseñar programas de regularización que reflejen la evolución de las tendencias migratorias, conectarlas con beneficios económicos tangibles para los migrantes y las comunidades en las que viven y apoyar estrategias más amplias para abordar los complejos retos del desarrollo en la región".
Lea el informe, Un camino sinuoso hacia la integración: Regularización de migrantes venezolanos y perspectivas del mercado laboral, aquí: www.migrationpolicy.org/research/regularizacion-venezolanos-mercado-laboral.
Para más información sobre la Iniciativa de América Latina y el Caribe del MPI, visite: www.migrationpolicy.org/programs/iniciativa-america-latina-caribe.