Las políticas de migración y refugio de México, así como las condiciones en la frontera México-Estados Unidos, se han transformado significativamente en un año desde que se firmó el Acuerdo de Cooperación Migratoria entre ambos países
WASHINGTON – El 7 de junio de 2019, tras meses de presenciar un aumento en la migración proveniente de Centroamérica a través de México y hacia Estados Unidos, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo comprometiéndose a controlar el flujo de solicitantes de refugio y otros migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Esto marcó el comienzo de un intenso período de cambio político e institucional que está transformando los sistemas de control migratorio y protección humanitaria de México, y que ha tenido efectos significativos en las condiciones para los migrantes en la frontera México-Estados Unidos.
Un nuevo informe del Migration Policy Institute (MPI, por sus siglas en inglés), Un año después del Acuerdo Estados Unidos-México: La transformación de las políticas migratorias mexicanas, rastrea los cambios que resultaron de la implementación de la proclamación de cooperación migratoria. También examina los efectos de las políticas emprendidas por ambos gobiernos para contener la propagación del COVID-19 en la frontera México-Estados Unidos.
Después de ser amenazado con la imposición de altos aranceles a productos mexicanos, México acordó incrementar sus controles migratorios en su frontera con Guatemala y en el interior del país, incluso mediante el despliegue de su recién creada Guardia Nacional para asistir en operativos migratorios. También aceptó la expansión de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés y conocidos como Quédate en México) a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, y prometió aumentar su colaboración con Estados Unidos para desmantelar las redes de tráfico de migrantes. Estas acciones que priorizaron el control migratorio marcaron una desviación de la agenda política que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador había formulado al asumir el poder en diciembre de 2018, que prometía un mayor enfoque en los derechos humanos, así como la creación de vías legales para facilitar la migración ordenada.
A su vez, Estados Unidos se comprometió a agilizar la resolución de los casos de asilo de migrantes que esperan en México bajo MPP e invertir en esfuerzos de desarrollo económico en el sur de México y Centroamérica para abordar las condiciones que impulsan la migración irregular.
En el transcurso de los 90 días posteriores a la implementación de este acuerdo, la migración irregular en la frontera México-Estados Unidos y dentro de México disminuyó drásticamente, así cumpliendo con el objetivo principal del acuerdo. El aumento en el control migratorio por autoridades mexicanas, en combinación con las políticas unilaterales de Estados Unidos diseñadas para restringir el acceso al asilo en la frontera, elevó la demanda de protección humanitaria dentro de México: las solicitudes de la condición de refugiado se multiplicaron, de 30,000 en 2018 a 71,000 en 2019.
Aunque los efectos completos del acuerdo tardarán años en desarrollarse, este informe traza las tendencias en las aprehensiones y repatriaciones de migrantes por parte de las autoridades mexicanas, el volumen de solicitudes de refugio presentadas en México, y las devoluciones de migrantes a México por parte de Estados Unido bajo MPP. El informe también explora los desafíos que se han intensificado durante este período, incluidas las precarias condiciones que enfrentan muchos migrantes mientras esperan en comunidades fronterizas mexicanas durante la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos y la pandemia del COVID-19 que se extendió a la región a principios del 2020. Mirando hacia adelante, el informe destaca oportunidades para un mayor desarrollo de políticas migratorias.
“En el transcurso de un año, el gobierno mexicano ha demostrado no solo la voluntad de cooperar con Estados Unidos en la aplicación de controles migratorios y de desafíos emergentes como la pandemia, sino también el creciente interés político en invertir en el marco de la política migratoria de México en busca de sus propios intereses públicos y de seguridad,” escribe Ariel G. Ruiz Soto, analística de políticas públicas con MPI. “Al aprovechar este ímpetu, la administración de López Obrador tiene la oportunidad de avanzar aún más en su agenda de políticas migratorias en los cuatro años restantes de su sexenio. Sin embargo, el éxito de los esfuerzos para modernizar el sistema de migración de México dependerá ultimadamente en su capacidad para equilibrar las consideraciones de control migratorio y protección humanitaria frente a la presión futura de Estados Unidos, lo que abre una oportunidad para repensar la cooperación bilateral.”
Lea este informe aquí: www.migrationpolicy.org/research/un-ano-acuerdo-estados-unidos-mexico.
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Para obtener más información sobre la migración en México y otros países de América Latina, consulte el nuevo Portal sobre Migración en América Latina y el Caribe de MPI, el primer sitio web que monitorea la evolución de las políticas de inmigración en países de América Latina y el Caribe. El portal presenta datos y estadísticas, reportes de investigación y análisis por MPI, gobiernos, organizaciones internacionales, investigadores y la sociedad civil.
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El Migration Policy Institute es un centro de investigación independiente y no partidista con sede en Washington, DC y dedicado al análisis de los movimientos de personas en todo el mundo. MPI proporciona análisis, desarrollo y evaluación de políticas de migración y refugiados a nivel local, nacional e internacional.