Países de América Latina y el Caribe que acogen a venezolanos desplazados demuestran un enfoque de integración pragmático, pero deben profundizar sus esfuerzos
WASHINGTON — Más de la mitad, y hasta dos tercios, de los aproximadamente 6,4 millones de venezolanos desplazados que se han establecido en América Latina y el Caribe desde 2016 han obtenido estatus legal en su país de acogida, según encuentra un informe del Migration Policy Institute (MPI) publicado hoy. Una revisión de las políticas en los 15 países principales que reciben a venezolanos en América Latina y el Caribe revela que la mayoría de los gobiernos ha adoptado un enfoque "sorprendentemente pragmático, aunque a menudo desarticulado", lo que ha garantizado que la mayoría de los desplazados tenga alguna forma de estatus legal, capacidad de ingresar al mercado laboral y acceder a la educación básica y atención médica de emergencia. Sin embargo, los analistas del MPI señalan que las medidas implementadas son desiguales y a menudo no están completamente institucionalizadas.
A pesar de su relativa falta de experiencia con la migración a gran escala, la mayoría de los gobiernos de la región ha elegido invertir en el acceso de los recién llegados al estatus legal, la educación y la atención básica de salud, apostando a que esta estrategia beneficiaría tanto a los venezolanos desplazados como a sus propios ciudadanos, escriben Andrew Selee, presidente del MPI, y Luciana Gandini, investigadora global no residente del MPI. Los legisladores han utilizado una combinación de enfoques de manera iterativa y a menudo ad hoc, aprovechando acuerdos regionales de movilidad y residencia, utilizando sus sistemas de asilo, ajustando las políticas de visas y creando medidas de estatus temporal.
“Inicialmente, muchas de las decisiones se tomaron por solidaridad o como una forma de mostrar oposición al régimen en Venezuela”, escriben Gandini y Selee. “Sin embargo, con el tiempo, muchos líderes gubernamentales se dieron cuenta de que necesitaban mecanismos para saber quién estaba en el país, formalizar el acceso al mercado laboral y proporcionar al menos un nivel mínimo de acceso a los servicios públicos para integrar a los recién llegados en las comunidades locales”.
El informe, Apuesta por la regularidad migratoria: Respuestas de América Latina y el Caribe frente a la crisis del desplazamiento venezolano, examina la respuesta al desplazamiento de más de 7,4 millones de venezolanos, casi una cuarta parte de la población del país, entre 2016 y 2022. Detalla la respuesta de los 15 países que acogen al 99 por ciento de los venezolanos que se han quedado en la región, analizando los mecanismos para proporcionar estatus legal y protección humanitaria, así como las políticas relacionadas con el acceso a la educación y atención médica. Expone datos a nivel de país sobre las poblaciones de inmigrantes venezolanos, las solicitudes de refugio, la emisión de visas y permisos de residencia, y las proporciones estimadas de venezolanos con estatus legal. Concluye con recomendaciones para que los legisladores profundicen los esfuerzos de integración y garanticen acceso equitativo a medios de vida y servicios públicos.
Aunque hasta dos tercios de los venezolanos desplazados han obtenido alguna forma de estatus legal, los autores revelan que, para muchos, el estatus es precario y a corto plazo, lo que propicia que los recién llegados pierdan su estatus o no dispongan de una vía hacia la residencia permanente. La apertura inicial ha cedido paso a barreras más recientemente introducidas, con muchos gobiernos imponiendo requisitos de visa que son difíciles de cumplir para muchos venezolanos, lo que ha resultado en más entradas irregulares. Y aunque la mayoría de los 15 países examinados han brindado acceso a la educación básica y a algunos servicios de salud, existen barreras significativas para acceder a ellos.
"Cada vez es más claro que la mayoría de los venezolanos desplazados probablemente nunca regresarán a Venezuela y, como resultado, existe una necesidad urgente de pensar en ofrecer un estatus legal para aquellos que nunca lo recibieron y encontrar formas que permitan que aquellos con estatus temporal transiten a un estatus permanente (o de más largo plazo)”, concluye el informe.
"También persisten desafíos importantes en términos de garantizar que los venezolanos puedan ejercer efectivamente sus derechos existentes de acceso a los servicios públicos, así como mejorar su acceso a la educación superior, el reconocimiento de los títulos educativos y profesionales obtenidos en el exterior, y ampliar su acceso a la salud”, escriben Gandini y Selee. “Hay mucho para destacar acerca de cómo los países de América Latina y el Caribe han respondido a esta primera crisis de desplazamiento masivo en toda la región, incluso cuando se necesitará un esfuerzo significativo para terminar el trabajo que han comenzado”.
Lea el informe aquí: www.migrationpolicy.org/research/america-latina-caribe-crisis-venezolano.
Para leer más investigaciones de la Iniciativa de América Latina y el Caribe del MPI, visite: www.migrationpolicy.org/programs/iniciativa-america-latina-caribe.
Y para un centro de recursos de investigación enfocado en América Latina y el Caribe, visite el Portal de Migración de América Latina y el Caribe del MPI: www.migrationportal.org/es.