El Cambio de los Patrones y Políticas Migratorios en las Américas

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Desde 2010, ninguna región en el mundo ha experimentado un mayor aumento relativo de la migración internacional como América Latina y el Caribe. El número de migrantes que viven en la región casi se ha duplicado, pasando de 8.3 millones en 2010 a 16.3 millones en 2022, un cambio drástico impulsado por una serie de crisis de desplazamiento, acuerdos de libre circulación y antiguos migrantes que regresan con hijos y cónyuges nacidos en el extranjero, entre otras tendencias.

Cabe destacar que gran parte de la migración se ha producido entre países de la región. Esto supone un cambio con respecto a hace tan solo unos años, cuando los debates sobre los movimientos regionales se centraban sobre todo en las personas que se marchaban, normalmente a Estados Unidos, Canadá o Europa. Aunque este flujo de salida persiste, en las últimas décadas, América Latina y el Caribe se han convertido en una zona de vibrante migración intrarregional, así como de migración de retorno en algunos países.

Esta transición ha dado lugar a una arquitectura de gestión de la migración en evolución que incluye nuevas políticas, instrumentos e instituciones en los distintos países. Los enfoques de los gobiernos han sido desiguales y a menudo se han centrado principalmente en las necesidades a corto plazo, aunque, grosso modo, han sido abiertos y pragmáticos. En general, los responsables políticos han intentado encontrar un equilibrio entre la acogida de los recién llegados y la creación de procesos ordenados de entrada.

Asimismo, están surgiendo elementos de una nueva arquitectura hemisférica entre países, aunque esta dista mucho de estar consolidada. En los últimos años se han desarrollado cinco acuerdos de movilidad en diferentes subregiones de las Américas. También han arraigado varios foros nuevos para gestionar la migración, y 21 países del hemisferio suscribieron la Declaración de Los Ángeles de 2022 sobre Migración y Protección, un pacto histórico que establece líneas de acción de alto nivel en todo el hemisferio.

Este artículo revisa las recientes tendencias migratorias recientes en América Latina y el Caribe, incluyendo el desplazamiento humanitario, los patrones de movilidad laboral y otros factores responsables del aumento de los movimientos internacionales desde 2010, y, a su vez, cómo los países han respondido a estas tendencias. El éxodo de millones de personas de Venezuela puede ser el acontecimiento más visible, pero se trata de solo uno de los varios responsables de un cambio en los patrones de migración, junto con los movimientos a gran escala de los países en crisis en América Central, Cuba y Haití; nuevas vías de movilidad legal que facilitan el movimiento regular entre los países vecinos; y la llegada de un número creciente de personas de fuera de la región, a menudo junto con los migrantes retornados. Al mismo tiempo, la región ha dado origen a un conjunto de políticas y acuerdos de rápida maduración que buscan gestionar este movimiento, aunque estos esfuerzos aún se encuentran en una etapa preliminar y requieren un enfoque continuo.

Un rápido cambio en los patrones migratorios

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX, la mayor parte de la migración en América Latina y el Caribe consistía en personas que dejaban la región. Existían algunas rutas migratorias bien establecidas entre países vecinos (a menudo a través de vías irregulares), pero, en general, los países recibieron niveles relativamente bajos de inmigración durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo, con algunas excepciones como Argentina, Belice, Brasil y Costa Rica.

En los últimos años del siglo XX, las guerras civiles, las crisis políticas y otras perturbaciones, incluidos los desastres naturales, provocaron grandes desplazamientos desde países como Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Perú, y los migrantes se dirigieron principalmente a países vecinos. Los nicaragüenses se fueron normalmente a Costa Rica; los colombianos, a Ecuador y Venezuela; y los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, a México. En su mayor parte, los gobiernos de acogida respondieron abriendo sus puertas y ofreciendo (aunque no siempre de inmediato) acceso a un status legal a las personas que se asentaron, aunque los procesos de recepción e integración variaron. La  excepción más notable fue el desplazamiento desde Haití, que en general se encontró con mucha más resistencia por parte de la vecina República Dominicana.

A principios de la década de 2010, estos patrones empezaron a cambiar drásticamente. Las crisis políticas y económicas sumadas con los desastres naturales provocaron el desplazamiento de millones de personas desde Venezuela y cientos de miles desde el norte de Centroamérica, Cuba y Haití, en movimientos que llegaron a definir una nueva era de la migración en la región. Casi todos los países de las Américas experimentaron un aumento del número de migrantes, con la única excepción de esos que atravesaban crisis especialmente agudos. En muchos casos, los migrantes llegaron como solicitantes de asilo o necesitando ayuda humanitaria de los gobiernos de acogida; las llegadas incluían a veces un gran número de menores no acompañados.

Desde 2015, aproximadamente 7.4 millones de venezolanos han sido desplazados de su país de origen, alrededor de 6.4 millones de ellos a otros lugares dentro de América Latina y el Caribe. De ellos, se estima que más de un tercio (2.9 millones) están en Colombia en marzo de 2023, 1.5 millones en Perú, 502,000 en Ecuador, 444,000 en Chile, 426,000 en Brasil, 220,000 en Argentina y 148,000 en Panamá.

Además, el terremoto de 2010 en Haití fue el primero de una serie de recientes desastres naturales y crisis políticas que afectaron al país, lo que provocó la emigración de cientos de miles de haitianos a otros países del hemisferio. La mayoría se asentó inicialmente en Estados Unidos, República Dominicana, Chile y Brasil, aunque muchos de los que partieron dentro de la región acabaron trasladándose a otros lugares. Los cubanos, apoyándose en las sólidas redes de la diáspora y en el capital social, han abandonado durante varios años la deteriorada situación política y económica de su país, dirigiéndose no solo a Estados Unidos -donde se encuentra la mayor diáspora cubana-, sino también a países de toda América Latina y el Caribe. Y desde la represión política de 2018 en Nicaragua, unos 200,000 nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica, otros han huido a Panamá, y las autoridades estadounidenses han registrado aproximadamente 300,000 encuentros de nicaragüenses en la frontera entre Estados Unidos y México desde 2021.

Como resultado de la combinación de factores de empuje y atracción, incluida la pandemia de COVID-19 y los mecanismos desiguales de integración de migrantes, un gran número de ellos ha comenzado a desplazarse hacia el norte desde 2020, con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. En el año fiscal (AF) 2022, las autoridades estadounidenses tuvieron 2.4 millones de encuentros con migrantes no autorizados en la frontera Estados Unidos-México, una cifra récord (cabe destacar que se trata de un conteo de eventos, no de individuos únicos, y que ha habido un nivel significativo de intentos de reingreso de personas migrantes encontradas previamente). Muchos migrantes atraviesan la traicionera área del Darién, una franja de 93 millas de selva tropical entre Colombia y Panamá en la que proliferan las bandas armadas y otras condiciones peligrosas, con el resultado de un número desconocido de muertos y heridos. Entre 2014 y 2020, las nacionalidades predominantes que transitaban por el Darién eran cubanos (a menudo anticipando que la política estadounidense sería más acogedora) y haitianos (los cuales se desplazaban por segunda o tercera vez después de que las oportunidades de trabajo se agotaran en Brasil, Chile y otros lugares). Aunque más de 110,000 migrantes atravesaron la selva en ese periodo de siete años, las cifras aumentaron drásticamente hasta la cifra sin precedentes de 134,000 solo en 2021 y casi se duplicaron en 2022 hasta 248,000 (véase la Figura 3). La gran mayoría de los cruces son de personas de América Latina y el Caribe, pero los migrantes de África y Asia han sido una presencia persistente, constituyendo el 10 por ciento de los viajeros en 2022. 

Ingresar a Estados Unidos ha sido difícil para muchos migrantes que se dirigen al norte, por lo que se han establecido en México, a menudo solicitando asilo en dicho país. En 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió unas 130.000 solicitudes de asilo, lo que supone un incremento de ocho veces respecto a las 15,000 solicitudes presentadas en 2017. Además, dicha cifra supera a todos los demás países del mundo, excepto Estados Unidos y Alemania (las cifras disminuyeron ligeramente en 2022, hasta casi 120,000). Los solicitantes de asilo en México suelen ser de Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Migración laboral y otros tipos de movimientos  

No todas las migraciones han sido consecuencia de crisis de desplazamiento. Desde principios de la década de 2000, los acuerdos subregionales han permitido a algunos migrantes desplazarse fácilmente a países vecinos en busca de oportunidades económicas u otros fines. Existen dos acuerdos de movilidad en el Caribe (el Mercado y Economía Únicos de la Comunidad del Caribe [CSME] y la Unión Económica de la Organización de Estados del Caribe Oriental [ECEU]), dos en Sudamérica (el Acuerdo de Residencia del Mercosur y el Estatuto Migratorio de la Comunidad Andina) y uno en Centroamérica (el Acuerdo Centroamericano de Libre Movilidad [CA-4]).

Estos acuerdos han hecho que la migración sea más fluida y fácil de gestionar. En virtud del CSME, los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) tienen derecho a estancias de seis meses sin visado (mas no autorización de trabajo) en cualquier otro lugar del bloque, con algunas vías más fáciles de residencia para determinados profesionales. Aunque la aplicación del régimen del CSME es desigual, los nacionales de Trinidad y Tobago, Guyana, y San Vicente y las Granadinas eran los más propensos a aprovecharlo en 2017, el último año con datos fiables. Mientras tanto, el acuerdo de Mercosur ha creado un canal legal de fácil acceso para que los sudamericanos emigren a Argentina y Uruguay, y ha eliminado en gran medida la migración irregular en esos países. El acuerdo CA-4 en Centroamérica también permitió a los nacionales de los países firmantes vivir temporalmente en naciones vecinas, aunque los requisitos se han endurecido desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El acuerdo de movilidad de la Comunidad Andina es todavía relativamente nuevo, pero también parece estar creando oportunidades para que los nacionales de los Estados miembros vivan y trabajen temporalmente en todo el bloque.

La migración de retorno también ha desempeñado un papel en el cambio de tendencia, con muchos nacionales de la región que regresan de periodos en el extranjero y traen consigo cónyuges e hijos nacidos en el extranjero. Esto es particularmente notable en Colombia y México, pero ocurre en casi todos los países con una población emigrante considerable. Más de un millón de emigrantes colombianos en Venezuela han regresado a su país de origen al empeorar las condiciones, muchos de ellos con cónyuges e hijos nacidos en el extranjero. Del mismo modo, cientos de miles de mexicanos han regresado a su país de origen desde principios de la década de 2000 con hijos y cónyuges nacidos en Estados Unidos; ahora hay más de 500,000 niños que son ciudadanos estadounidenses viviendo en México.

De igual manera, también existe un gran número de migrantes de fuera de la región que se han trasladado a países caribeños y latinoamericanos para buscar empleo, jubilarse o trabajar a distancia. Varios países del Caribe, Costa Rica, México y Panamá han sido especialmente populares, pero también se trata de un fenómeno que afecta a toda la región.

De este modo, la composición de las poblaciones migrantes de los países difiere en toda la región. Por ejemplo, Colombia acoge a la mayor población migrante de la región, debido a la llegada de un gran número de venezolanos, mientras que los migrantes provenientes de Colombia son uno de los grupos más numerosos en el vecino Ecuador, ya que representan el 23 por ciento de su población total nacida en el extranjero. En México, dos tercios de los migrantes provienen de Estados Unidos. Y en Brasil, los migrantes de Portugal (que representan el 14 por ciento de la población total nacida en el extranjero) y Japón (5 por ciento) constituyen el segundo y tercer grupo de origen nacional, respectivamente (véase la Figura 4).

Una respuesta mixta pero generalmente abierta

En general, los gobiernos de la región han respondido con apertura a las nuevas llegadas, aunque las actitudes no han sido uniformes. Este enfoque se debió en parte a los cambios en las leyes migratorias que facilitaron la llegada y los derechos de los migrantes a principios de siglo, así como a las posiciones geopolíticas frente a gobiernos autoritarios y, en ocasiones, a un sentimiento de solidaridad con los vecinos en apuros.

La mayoría de los países, por ejemplo, ofrecieron acceso a un estatus legal a la población venezolana desplazada. Brasil, México y, en cierta medida, Costa Rica, lo hicieron a través de su sistema de asilo. México y Costa Rica también proporcionaron estatus a través de los canales regulares de visado (al igual que Chile, Ecuador y Panamá), y Argentina y Uruguay se basaron en acuerdos regionales de movilidad. Muchos recurrieron a mecanismos de regularización ad hoc, el más ambicioso de los cuales fue la oferta de Colombia de residencia temporal de diez años para aproximadamente 2.3 millones de venezolanos en el país que no tuvieran ya otro estatus a largo plazo; el mecanismo, lanzado en 2021, también permite la opción de obtener el estatus permanente a través de visados existentes si es que se cumplen con ciertas condiciones. Muchos otros países han emprendido iniciativas similares, aunque algunas de ellas tienen un alcance mucho más limitado.

Como resultado de estos esfuerzos, una mayoría significativa de migrantes venezolanos (aunque no todos) parecen haber adquirido algún tipo de estatus legal en los países donde residen, probablemente entre 50 y 75 por ciento en total, según cálculos de los autores. Sin embargo, en muchos casos su estatus es temporal, requiere una renovación constante y puede que en la práctica no proporcione un acceso pleno al mercado laboral. La mayoría de los gobiernos han proporcionado acceso a la educación, al menos en los niveles primario y secundario, y la mayoría (aunque no todos) han proporcionado cierto acceso a la atención sanitaria. No obstante, la situación sobre el terreno varía de un país a otro, y muchos venezolanos han permanecido en circunstancias precarias, especialmente en medio de las turbulencias económicas que siguieron a la pandemia, por lo que algunos han emprendido posteriormente una migración secundaria.

Los haitianos se han encontrado con una hostilidad algo más explícita, debido a las diferencias de idioma y cultura, así como a patrones de discriminación racial. La República Dominicana, que tiene una larga y complicada historia con los migrantes haitianos y sus descendientes nacidos en el país, expidió visados especiales de protección humanitaria a algunos haitianos desplazados por el terremoto de 2010, pero en 2013 una sentencia judicial privó de la ciudadanía dominicana a unas 210,000 personas nacidas en el país de padres y antepasados haitianos. Otros países de destino han proporcionado protección humanitaria o han flexibilizado los sistemas de visados para acoger a la población haitiana desplazada, mas los migrantes individuales se han encontrado a menudo con un apoyo vacilante y la estigmatización social. Por ejemplo, desde 2012, Brasil ha emitido más de 60,000 visados especiales que conceden a los haitianos dos años de residencia con la posibilidad de pasar a un estatus permanente, mientras que Chile flexibilizó los visados de empleo de 2016 a 2018 para responder a la llegada de decenas de miles de haitianos y venezolanos, aunque posteriormente el gobierno dificultó la entrada a los nacionales de ambos países. Muchos migrantes haitianos también han denunciado ser objeto de discriminación y tener dificultades para encontrar un trabajo estable.

Mientras tanto, Costa Rica hizo todo lo posible por acoger a los nicaragüenses que huían de la creciente autocracia y la economía en espiral de su gobierno, ofreciéndoles educación y atención sanitaria de emergencia. La mayoría de los nicaragüenses podían solicitar asilo, lo que les permitía trabajar legalmente mientras se tramitaban sus solicitudes. En Costa Rica, los cubanos, nicaragüenses y venezolanos cuyas solicitudes de asilo son denegadas pueden optar a un visado temporal especial para poder quedarse. Sin embargo, como el número de solicitantes de asilo ha alcanzado cifras récord, el gobierno costarricense hizo más restrictivo su sistema de asilo y denegó a los nuevos solicitantes el derecho a trabajar, lo que provocó un fuerte descenso de las solicitudes de asilo de nicaragüenses.

En Belice, los migrantes representaban casi el 16 por ciento de la población total de 395,000 habitantes en 2020; más de tres cuartas partes de ellos provenían de Guatemala (43 por ciento) o El Salvador y Honduras (16 por ciento cada uno), países que se enfrentan a una mezcla de dificultades económicas y políticas. El gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas de regularización, entre ellas el lanzamiento de un programa en 2022 para conceder el estatus a los migrantes irregulares que entraron antes de 2017 y cumplen requisitos educativos, laborales o de reunificación familiar.

Mientras tanto, México ha ampliado tanto la protección del asilo como los visados humanitarios a decenas de miles de migrantes provenientes de la región. Aunque muchos de ellos encuentran seguridad y refugio en algunas partes de México, a menudo se enfrentan a importantes barreras estructurales y administrativas que dificultan su inclusión a largo plazo en la sociedad mexicana. A falta de una intervención gubernamental eficaz y global, la responsabilidad de atender sus necesidades recae principalmente en una tensa red de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones internacionales.

La integración puede ser más difícil que la llegada

Acoger a los recién llegados se ha convertido en un reto en todo el hemisferio. Aunque los países han intentado a menudo proporcionar vías legales y educación, sigue habiendo puntos clave sobre la integración en el mercado laboral, el acceso equitativo a los servicios y la aceptación social. La recesión económica mundial desencadenada por la pandemia exacerbó estos retos. Por ejemplo, aunque el estatus legal desempeñó un papel importante ayudando a algunos venezolanos a conseguir trabajo, la mayoría ha permanecido en el mercado informal y a menudo en puestos mal pagados. Muchos emigrantes se encuentran en los estratos económicos más bajos de las sociedades a las que han llegado, a veces incluso aunque tengan conocimientos profesionales o técnicos que podrían aprovecharse de una mejor forma.

De hecho, el reciente desplazamiento hacia el norte de muchos haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ya vivían en otros países ha reflejado no solo el atractivo de Estados Unidos, sino también las dificultades que muchos tuvieron en sus países de asentamiento iniciales. Esto ha sido especialmente cierto en el caso de los haitianos, que a menudo se han encontrado con niveles de discriminación únicos.

Está claro que queda mucho camino por recorrer. Hasta el momento, muchas respuestas políticas han sido incompletas y se han concentrado únicamente en soluciones a corto plazo. La mayoría de los países de la región todavía están intentando reforzar y ampliar sus sistemas migratorios, crear regímenes de asilo y resolver cuestiones relativas a las vías legales y al control fronterizo. Casi todos debaten sobre cómo promover un acceso equitativo al mercado laboral y a los servicios públicos, y la mayoría carece de la fortaleza institucional necesaria para ejecutar políticas y gestionar la migración de manera eficaz. Además, la apertura a los migrantes actuales a menudo ha venido acompañada de mayores restricciones a las futuras llegadas. Los gobiernos intentan encontrar un equilibrio para controlar sus fronteras, construir vías legales y desarrollar sistemas de protección, pero a menudo privilegian una o dos prioridades sobre otras. Sin embargo, a pesar de carecer de una experiencia reciente significativa en materia de migración masiva, también han capeado un periodo de cambios rápidos con una notable apertura y pragmatismo.

Los cimientos de una nueva arquitectura regional

Hace una o dos décadas, cuando los países del hemisferio occidental hablaban de migración, casi siempre se trataba de una conversación entre los países emisores de América Latina y el Caribe y los países de acogida del Norte global. Sin duda, había cierta migración intrarregional, pero palidecía en comparación con los flujos que viajaban de sur a norte.

Ahora, esta conversación resulta ser diferente. Casi todos los países se enfrentan a problemas de migración y protección humanitaria, y como resultado, en los últimos años han surgido o se han consolidado múltiples foros regionales. Los más significativos son los acuerdos subregionales sobre movilidad que requieren que los países vecinos coordinen sus políticas. También han surgido varios foros más amplios. Desde 2018, el Proceso de Quito ha permitido a los principales gobiernos de acogida de venezolanos desplazados compartir información y coordinar estrategias. La Plataforma de Coordinación Interinstitucional para los Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4V), dirigida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM, se ha convertido en un órgano de coordinación muy práctico y una fuente de intercambio de información. Además, dos foros coordinados por la OIM -la Conferencia Regional sobre Migración entre países de Norteamérica y Centroamérica y la Conferencia Regional Sudamericana sobre Migración- han proporcionado información e ideas incluso desde antes de la actual oleada migratoria, aunque se han hecho mucho más visibles a raíz de ella. El proceso del Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS) liderado por el ACNUR también ha contribuido a reforzar elementos clave de los sistemas de asilo en toda Centroamérica. Y tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo han puesto en marcha iniciativas específicas para abordar las cuestiones migratorias en el hemisferio.

Otro resultado de esta creciente comunicación y coordinación fue la Declaración de Los Ángeles de 2022 sobre Migración y Protección, en la que 21 países, desde Canadá hasta Chile, se comprometieron a desarrollar cuatro líneas de acción principales: generar estabilidad y asistencia para las comunidades que acogen a grandes poblaciones de migrantes desplazados; ampliar las vías legales; fortalecer los sistemas de protección; y aumentar la coordinación en la gestión de la migración y las respuestas de emergencia. La aplicación de estos principios es compleja y requerirá serios esfuerzos para compartir datos, crear nuevas vías de migración y reforzar los sistemas de asilo. Dado que la región acoge actualmente a algunas de las mayores poblaciones desplazadas del mundo, una continua cooperación financiera internacional será esencial para garantizar que los países puedan integrar exitosamente a aquellos que llegan.

Los cambios políticos del hemisferio en la última década son significativos. Sin embargo, responder a los nuevos y diversificados movimientos sigue siendo un trabajo en curso. Hasta la última década, pocos países de América Latina y el Caribe habían dedicado una atención seria a las políticas de migración y protección, y el diálogo intergubernamental era limitado. La transformación de la migración en una temática de primer orden en la región es una oportunidad para que los gobiernos establezcan políticas eficaces, creen instituciones sólidas y comprendan más ampliamente cómo gestionar la movilidad en todo el hemisferio. Asimismo, marca un punto de inflexión para una parte del mundo que históricamente solo había registrado un modesto movimiento intrarregional, a pesar de las notables similitudes lingüísticas, culturales e históricas. Aún quedan muchos retos por resolver, pero no cabe duda de que una nueva era ha comenzado.

Este artículo fue traducido al español por Xenia Mejia.

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